A pesar del rechazo en contra de la Ley de Comunicación Social, el presidente Enrique Peña Nieto decretó la llamada “Ley Chayote” para regular el gasto en publicidad y comunicación oficial.

De acuerdo al gobierno federal, la nueva legislación establece normas claras para que el gasto en “comunicación social” se ajuste a criterios de eficiencia, transparencia y que respete los límites de presupuesto.

Sin embargo, la sociedad civil y diferentes organizaciones se han expresado en contra por las diferentes imperfecciones que nunca se corrigieron.

En busca del fin de la censura de información

La organización Artículo19 se amparó ante la Suprema Corte de la Nación para reglamentar el artículo 134 constitucional (nov 2017), pues la falta de legislación permitía las malas prácticas, gasto discrecional en el gobierno e impactaba directamente en el control sobre los medios de comunicación.

El objetivo de este amparo era terminar con la censura, transparentar la compra y venta de espacio mediático a cualquier instancia del gobierno y establecer reglas y sanciones claras.

El Congreso de la Unión aprobó la nueva Ley aunque se construyó a partir de un proyecto presentado únicamente por la bancada del PRI. Los partidos de oposición mencionaron las diferentes imperfecciones que hacen que se perpetúen las malas prácticas.

“La Ley General de Comunicación Social debe ser impugnada porque su apresurada confección ignoró las necesidades de medios comunitarios y consolida en el Ejecutivo federal la discrecionalidad para dilapidar los recursos públicos para fines políticos”, comentó el diputado federal Rafael Hernández Soriano (PRD) según El Universal.

El colectivo Medios Libres solicitó al presidente mexicano que antes de aprobar se hicieran las correcciones necesarias pues “no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial en México como herramienta para ejercer la censura sutil” en una carta dirigida al mandatario.

Principales críticas de la #LeyChayote

1. Autoregulación de la Secretaría de Gobernación

“La Secretaría de Gobernación y la dependencia o unidad administrativa equivalente en el ámbito de las Entidades Federativas y los municipios, encargada de regular el gasto en materia de Comunicación Social, así como las áreas o unidades administrativas con funciones o atribuciones equivalentes o similares que determinen el resto de los Entes Públicos”, Capítulo 1, Artículo 4, X.

Así que la dependencia del gobierno que se encarga de la política interior será la que regule su propio calendario de comunicación y contratación de medios.

Al concentrar el poder de regulación a la misma entidad que realiza la contratación y gestión, se crea un ambiente en el que fácilmente se podría sesgar la información y otorgar premios o castigos sin ningún control externo.

2. Personajes políticos vs. censura de la información

La publicidad oficial del Estado ha sido una herramienta usada para enaltecer las acciones de personajes políticos para continuar su posicionamiento en el mapa político. La #LeyChayote no impide que esta práctica se realice por la autoregulación de la misma.

Esta censura indirecta de la información hace que la comunicación oficial no sea efectiva.

3. Mucho rollo pero ninguna sanción

En el artículo 44 se especifican las acciones que podrían ser objeto de infracción pero no se especifica la sanción. Al mantener un lenguaje vago sin sanciones concretas mantienen el ambiente necesario para actos de corrupción.

4. Veracidad de la información

Se menciona en diferentes puntos de la Ley que se busca dar certidumbre  de la veracidad de la información. Sin embargo, se especifica que los “Entes Políticos” serán quienes asegurarán y regularán todo el contenido que se comparta como parte de la comunicación oficial.

Ataque a la prensa

La prensa nació para equilibrar la balanza entre el poder político y la sociedad; la información fluye de ambos lados para otorgar voz a todos los involucrados, la investigación, uso de fuentes y herramientas periodísticas le dan veracidad a cada nota que se imprime.

¿Qué pasa cuando el Estado tiene un presupuesto muy grande para comprar espacios mediáticos para compartir su información oficial?

¿Es legal? Sí, es completamente legal. Lo que es ilegal es comprar esos espacios, obligar al medio a publicar información falsa y enaltecer a personajes políticos.

La comunicación oficial esta hecha para que los ciudadanos nos enteremos de la actividad política, programas sociales, nueva legislación, discusiones política, avances de las comisiones nacionales, etc. Pero ha sido usada como un mercado de información.

Ahora, ¿qué pasa cuando nadie regula esta actividad política?

• censura de información
• corrupción
• tráfico de influencias

Si no hacemos nada al respecto, esta ley entrará en vigor el 1 de enero de 2019.